Radiografía de la crisis en Camioneros: cómo Moyano y Zulet llevaron al borde del colapso a la obra social

A sus 81 años, al otrora todo poderoso Hugo Moyano se le abrieron en simultáneo varios frentes que lo muestran debilitado. A la pelea con su hijo Pablo y la dura interna en el gremio bonaerense y también en la Federación Nacional de Choferes de Camiones -el ex jefe cegetista acaba de sufrir un revés judicial en Santa Fe-, se le suma el derrumbe de su obra social, crisis que también impacta en su mujer.
Liliana Zulet, esposa del líder camionero y madre de su hijo menor, es la fundadora de IARAI, la empresa encargada de gerenciar la obra social de Camioneros.
Aparece como la principal responsable del actual colapso financiero de la prestadora de salud del gremio. Una hija de un matrimonio anterior de Zulet, Valeria Salerno, integra el directorio de la compañía.
Aunque se sabe que las comparaciones son odiosas, un simple contraste entre la obra social de Camioneros y la del gremio de los empleados de Comercio, la mayor prestadora de la Argentina, sirve para ilustrar cómo Moyano llegó a esta situación.
La obra social de Camioneros en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires (OSCHOCA) cuenta con un sanatorio en San Justo, otro en Avellaneda, uno más en Villa Martelli, consultorios externos en el barrio de Constitución y una clínica ultra moderna -la describen como “un Sheraton”– en el corazón del barrio de Caballito.
Hugo Moyano, rodeado por sus hijos Facundo, Huguito y Jerónimo.En una época la obra social que gerencia la empresa de Zulet tuvo cerca de 200.000 beneficiarios, pero ahora se estima que conserva apenas un cuarto porque sus afiliados empezaron a mudarse en masa a otras con mejores prestaciones médicas.
OSECAC, la obra social de los empleados mercantiles, atiende a más de 2 millones de personas y cuenta con apenas tres sanatorios propios en todo el país: uno en la Ciudad de Buenos Aires -Sagrado Corazón, con 200 camas- otro en Bahía Blanca y uno más en Córdoba. El resto de sus atenciones se tercerizan en clínicas ajenas.
“Hugo se subió a la ola cuando estaba aliado a los Kirchner y ahora tiene mucha infraestructura propia y costos altísimos. Sumale una mala administración y los problemas que tiene todo el sistema de salud y llegas a este cuadro”, dice un dirigente cegetista.
En otro gremio agregan: “Quiso mostrar grandeza y fracasó”.
Pero un rival interno de Moyano en Camioneros se pregunta: “¿No será que el negocio era construir sanatorios?” En la inauguración del sanatorio Antártida se había descubierto una placa en agradecimiento por los servicios prestados a Aconra SA, empresa constructora que controlan Zulet y sus hijos Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega.
Sus sanatorios de San Justo y el Antártida, en Caballito, tienen habitaciones para internaciones individuales. Es una hotelería muy cara. La norma entre las obras sociales para achicar los costos son las habitaciones dobles para pacientes.
La mayoría del resto de las obras sociales opta por contratar camas en clínicas ajenas porque no es rentable tener sanatorios propios.
“Se hace por temporada. Contratas para el invierno determinada cantidad de camas y otra en el verano. Así es más rentable”, explican fuentes del sector de la salud.
Algo más: una práctica común entre obras sociales es ir endeudándose y cambiando de prestadores médicos. Los Moyano no pueden apelar a esa herramienta: sería tirarse un tiro en el pie.
Trabajadores de la salud del sanatorio de Avellaneda reclamaban la semana pasada por el atraso en el pago de sus salarios. Foto: Enrique García Medina. La semana pasada hubo protestas -pegaron carteles en contra de Zulet- en los sanatorios de Camioneros por la falta de pago de los salarios completos de su personal.
Los afiliados palpan a diario la crisis: se suspenden cirugías, hay especialidades para las que no se consiguen turnos, deben hacer viajes por todo el conurbano para conseguir una atención médica. Cada dos por tres las cuentas del gremio son embargadas por la Justicia para que la obra social cubra una cobertura.
Moyano controla dos obras sociales. OSCHOCA y la de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que atiende a todo el resto del país salvo CABA y Provincia. La de la Federación Nacional le adeudaba a sus prestadores $ 26.617 millones a agosto pasado, según un informe financiero contable oficial al que accedió Clarín.
Ese informe tiene al pie de página un detalle relevante. “La inflación acumulada en el período estuvo alrededor del 19,5 (estimativo IPC Indec). Desde el saldo a diciembre 2024, la deuda se incrementó por encima del 33,2%”.
Por la crisis en sus obras sociales, Moyano acordó en las paritarias una suba salarial de alrededor del 1% mensual para los camioneros pero a la par una contribución extraordinaria de las empresas por $20.000 por trabajador para sus prestadoras de salud. Priorizó un salvataje financiero sobre los sueldos, lo que genera malestar entre trabajadores.
La propia negociación paritaria también impacta negativamente en las cuentas de sus obras sociales. Alrededor del 30% de los salarios de los camioneros son por ítems no remunerativos, por ejemplo horas extras y viáticos, es decir que no hacen aportes. El básico de un chofer de primera categoría es de $ 833 mil.
Moyano con su esposa Zulet con el hijo de ambos, Jerónimo, y el entonces ministro Juan Manzur, en 2009.En la CGT cuentan que hubo obras sociales de algunos sindicatos que quisieron contratar los servicios del Antártida, pero que nunca recibieron respuesta de la gerenciadora de la prestadora de Camioneros. “No tenían determinados los costos para determinar una base contractual”, cuentan en un gremio.
Algunas situaciones -por ejemplo el atraso de los salarios y el gerenciamiento por parte de una empresa familiar- parecen ser únicas de Camioneros, pero en muchos gremios hablan de un colapso en el sistema de salud que golpea a todos. Tanto que se hizo moneda corriente que los sindicatos financien a sus obras sociales.
¿Qué llevó a esto? Expertos en salud marcan múltiples factores:
- El elevado precio de los medicamentos en Argentina, mayor que en otros países.
- La fuerte suba de los aranceles médicos, que contrastan con aumentos salariales del 1% mensual. Así, los aportes a las prestadores de salud crecen muy por debajo de lo que se necesita para cubrir los gastos de salud.
- Los gastos en atención de discapacidad. Es un histórico reclamo de las obras sociales que se les quite el transporte y la educación de las personas discapacitadas y que el gasto quede a cargo del Estado.
- Que muchas obras sociales optaron por atender a monotributistas. Creyeron ver ahí un negocio y terminó siendo un clavo. Por $ 19.000 pesos por mes un beneficiario tiene acceso al Plan Médico Obligatorio.
- La incidencia de los medicamentos de alto costo para tratamientos de complejidad. Hay medicamentos que valen más de US$ 1.500.000. “A algunas obras sociales se les van más del 30% de sus recursos en este tipo de medicamentos”, dice un referente de la CGT.
El Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que es administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud pero se fondea con un porcentaje de los aportes de los trabajadores y empleadores, fue ideado para financiar las prestaciones de alto costo.
En el Gobierno detallan a Clarín que actualmente un 60% de sus fondos se gastan en prestaciones vinculadas a discapacidad, un 33% en subsidios automáticos, un 3% en gastos administrativos de la Superintendencia y apenas poco más del 2% tratamientos de alto costo. La tajada menor es justo para lo que se creó el FSR.
La información de los recursos que administra el FSR -y también la de los aportes a la seguridad social- era pública. Pero desde que asumió la administración libertaria pasaron a ser secretos. En los gremios dicen no saber qué masa de dinero maneja el FSR, pero fuentes del Gobierno indicaron a Clarín que son cerca de $ 150 mil millones por mes.
En el Gobierno admiten, por otro lado, el impacto que genera la atención de discapacidad en las obras sociales. “Existen 139.000 afiliados con certificado único de discapacidad, es decir un 0,9% del padrón total”, señalaron. Esto significa que menos del 1% del total de los afiliados consume el 9% de los recursos brutos de la Superintendencia de Salud.
En la actualidad el FSR le adeuda unos $ 40.000 millones a las obras sociales. El Gobierno empezó recientemente a pagar parte de esa deuda, que dice haber heredado de gestiones anteriores.
Pese al cuadro particular de Moyano, en diferentes gremios advierten que se avecina el colapso de todo el sistema de salud.
“Pero antes Moyano va camino a un default”, observa un importante referente sindical de otro gremio.
Fuente: www.clarin.com



